Desde noviembre de 2007, Justicia y Paz forma parte de la Alianza por el Agua, una iniciativa que vincula administraciones públicas, empresas abastecedoras de agua, centros de investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanía, para movilizar recursos (financieros y técnicos) destinados a proyectos de agua potable y saneamiento en Centroamérica, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en concreto del objetivo 7 y la meta 10, en la perspectiva de asegurar su sostenibilidad y preservar el medio ambiente. La Alianza por el Agua busca promover la solidaridad entre usuarios del agua de España y de Centroamérica, asociando el ahorro de agua de los ciudadanos españoles a la solidaridad necesaria para conseguir que se cumpla el objetivo de la Alianza de que 5.000.000 de centroamericanos más, accedan de aquí a 2015, a agua potable y saneamiento básico.

Los innumerables conflictos armados existentes, las injustas guerras perpetradas en Afganistán e Irak, la violación de Derechos Humanos amparada bajo la excusa de la persecución del terrorismo internacional, así como la creciente devastación de recursos naturales no renovables, acompañados de contaminación ambiental y pérdida de la biodiversidad, nos decidió a promover una campaña de sensibilización y denuncia de las entidades financieras que participan en industrias militares o que alteran gravemente la vida de comunidades y pueblos, mediante la exigencia de un auténtico respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, por parte de las entidades bancarias. Gracias a la información sobre los intermediarios financieros de las exportaciones de armas que proporciona el gobierno italiano, se supo que el BBVA participaba de manera muy importante en las exportaciones italianas de armas (29,60% en 2002). El objetivo de la campaña es crear una opinión pública que favorezca un cambio de actitud de las entidades financieras y la Corporación BBVA, en particular, y que de este modo cancelen sus inversiones en las empresas fabricantes de armamento relacionadas y anulen la financiación de empresas altamente contaminantes o que vulneren los derechos humanos.

Las políticas internacionales multilaterales encaminadas a la resolución de los graves problemas de desarrollo que afectan al mundo no son implementadas, debido a la ausencia de la voluntad política y de las fuentes de financiación necesarias. Muy pocas de las expectativas generadas en las Cumbres de los 90 y en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo del Milenio incluidos) se están cumpliendo. Naciones Unidas no cuenta con la capacidad y posibilidades necesarias en estos temas de desarrollo, que parecen haber sido transferidos al mercado, sobre todo a través de las políticas impulsadas por las Instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio. Frente a esta situación, personas de todo el mundo están empezando a reivindicar su derecho democrático a participar en decisiones que tanto afectan a sus vidas. La Sociedad Civil mundial debe jugar un papel clave en el fomento de la democratización del Sistema de Instituciones Internacionales. En consecuencia, esta campaña plantea impulsar una serie de reformas en las Instituciones Internacionales hacia un sistema de gobernabilidad democrática mundial, a través de procedimientos representativos en los que participen todos los actores. Su objetivo es contribuir a la creación de una arquitectura mundial coherente, transparente, responsable y eficaz; basada en el desarrollo de una legislación internacional ampliamente aceptada por su valor y legitimidad democráticos; que ponga en el centro del Sistema unas Naciones Unidas más fuertes, más democráticas y con un control efectivo sobre todos sus órganos, agencias y sobre las otras organizaciones multilaterales mundiales. Un sistema institucional que contribuya de este modo a la construcción de un mundo más justo, equitativo, diverso, sostenible y pacífico.

Considerando la amplitud de las necesidades en cuanto a la alimentación básica, salud, educación, hábitat, medio ambiente... es hora de empezar una reducción progresiva de los presupuestos de armamentos para convertir los gastos correspondientes en inversiones de desarrollo social y combatir la pobreza y la precariedad. En una primera etapa, la campaña "desarmar para combatir la pobreza" busca obtener el compromiso de algunos países para reducir y reasignar un 10% de sus presupuestos militares de aquí al 2010.

Trata de los ODM como amplia concepción de desarrollo; de la participación de los pobres en las iniciativas de desarrollo; de la responsabilidad de los países ricos para un orden económico mundial centrado en el desarrollo, distinguiendo entre palabras vacías y cambio; del examen crítico de la Organización Mundial de Comercio (OMC) como realidad vista desde la perspectiva de la justicia.

En mayo de 2008, en Dublín, más de 109 países firman un acuerdo en la Conferencia Diplomática para la adopción de una Convención sobre Bombas de Racimo para prohibir la producción, el almacenamiento, el uso y la exportación de este armamento.
Firma en Oslo de la Convención de Municiones de Racimo. Celebrada el miércoles, 3 de diciembre de 2008. 95 Estados, entre ellos España, firmaron esta Convención.